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12
AGO
2018
Escándalo y montaje.
Escándalo y montaje.
En el juego de sombras en que está convirtiéndose la política, hay que indagar en los datos crudos de la estadística –como tener al 30 por ciento de la población por debajo del índice de la pobreza- para percibir la realidad que nos rodea.

Si atendemos a la tesitura de las cosas que pasan en nuestro país y en la región, es fácil naufragar en el pesimismo más absoluto. Entre nosotros la economía en picada, la sujeción al FMI –que mientras la aceptemos condicionará nuestro futuro a los intereses especulativos internacionales e imposibilitará cualquier desarrollo concebido de acuerdo a nuestras necesidades-; el castigo de los sucesivos tarifazos, el déficit crónico, la continua fuga de divisas, de la que participan incluso personeros del gobierno; la liquidación de reservas y el mantenimiento del privilegio impositivo de que disfruta la fracción numéricamente más ínfima y rica de la sociedad, nos llevan al precipicio y nos condenan a esperar el cataclismo anunciado: la reedición, corregida y aumentada, de la crisis del 2001. Sin corralito esta vez, pero con una moneda devaluada y una inflación galopante que terminará de vaciar los bolsillos de las clases populares, creando una muchedumbre de desocupados en busca de empleo. Lo que configurará –está configurando ya- lo que en términos marxianos se llama “el ejército de reserva del trabajo”; es decir, la masa de desamparados que se ven forzados a vender su fuerza de trabajo a vil precio, pues no existen opciones que puedan atender a sus necesidades y deben agarrarse a cualquier empleo, por precario que sea, para subsistir apenas. Y no hablemos de las clases pasivas, de los jubilados y de los niños; a los primeros sólo les quedará morirse lo antes posible, y a los segundos crecer en una indigencia que recortará su desarrollo físico e intelectual y reconfirmará su pertenencia a esa muchedumbre sin destino.

Pero la desesperación es mala consejera. Lo peor que se puede hacer es agachar la cabeza y darle la espalda al ventarrón. Que este gobierno haya llegado al poder sustentado en el voto popular, en andas de una campaña mediática abrumadora y gracias a los muy gruesos errores cometidos por la anterior administración, no exime de la obligación de hacerle frente. En realidad, aunque haya sido consagrado por una mínima diferencia, en este momento el gobierno Macri bordea la ilegitimidad. Se ha tomado libertades que exceden los parámetros de lo sensato, ha operado con total desconsideración respecto a los intereses de las grandes mayorías; ha gobernado en parte por decreto y en parte a través de la corrupción o la extorsión de un sector de la oposición y en estos momentos está agigantando su costado ilegal a través de la multiplicación de los montajes de inteligencia y de su colusión con un sector de la justicia que se le encuentra subordinado y que se presta diligentemente a cumplir sus órdenes. La pata operativa la brinda la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, ex SIDE, responsable casi con seguridad del desvelamiento del caso de los “cuadernos Gloria”, que salió con curioso sentido de la oportunidad a contrabalancear el desastroso efecto producido por las denuncias en torno a los aportantes truchos de la campaña de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. El problema es que en este caso el tiro parece haberles salido por la culata, pues las denuncias de coimas pagadas a los gobiernos Kirchner están involucrando a personas muy allegadas al actual presidente de la república y salpicando a muchos integrantes del arco empresarial argentino. Hasta el punto de que algunos sospechan maniobras determinadas por intereses externos que desearían reemplazar a los ahora afectados por las sospechas en el escenario argentino. Ni las empresas controladas por capitales italianos, españoles o chinos serán toleradas: el verdadero dueño está en el Norte.

El hecho de que la AFI esté detrás del seguimiento y armado de la causa de los cuadernos es inquietante no sólo porque en tal caso el hecho instala prácticas inconstitucionales de espionaje y de vulneración de la privacidad y de los ámbitos partidarios, sino también porque los organismos de inteligencia suramericanos en general, y este en particular, son permeables a la influencia de sus homólogos de Estados Unidos. En esta barahúnda todo es posible. Es la vieja historia de la caja de Pandora. Pues cuando los servicios de inteligencia se mezclan activamente en la política, comienzan a fabricarla. Y como ellos mismos suelen estar recorridos por incontrolables rivalidades internas, pueden menudear los pases de factura, los sobresaltos y las puñaladas traperas.

Da miedo formular esta hipótesis, pero no puedo dejar pensarla: ¿y si atentan contra Bonadío? El juez Claudio Bonadío es un “pesado” de la justicia que arrastra 51 denuncias en su contra formuladas ante el Consejo de la Magistratura. La mayoría de ellas fueron desestimadas, pero ocho están en trámite y en dos el juez recibió sanciones disciplinarias. Es uno de los jueces que figuraban en la famosa servilleta de Carlos Corach, en la cual el ministro del interior de Carlos Menem escribió los nombres de los jueces que “jugaban a favor del gobierno”. Se hizo famoso por haber matado en un tiroteo a dos delincuentes que lo asaltaron e hirieron al amigo con el que estaba conversando en una esquina de la localidad bonaerense de Florida. Horacio Verbitsky lo bautizó maliciosamente con el nombre de “Dr. Glock” por esa peripecia. De una u otra manera ha conseguido acumular las principales causas contra el kirchnerismo y en su desempeño ha evidenciado una especial inquina contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a la que ahora desea defenestrar de su cargo de senadora, procesándola, condenándola y bloqueándole el camino a un eventual tercer mandato. Pero al hacerse cargo, junto a fiscal Stornelli, de la causa en torno a los famosos cuadernos, puede haberse excedido en su celo. Pues estos textos –que no son materia suficiente para considerarlos una prueba concluyente, pues los originales habrían sido quemados y los documentos de que se dispone son fotocopias- implican ramificaciones que pueden recorrer a todo el espacio de la obra pública y de las empresas contratistas de esta, en especial de IECSA, la sección constructora de SOCMA, la empresa de los Macri, más allá de las ventas y contraventas con que esa familia suele confundir sus huellas. La mancha de la corrupción podría extenderse y afectar a los mismos mandantes de Bonadío.

Y aquí no puedo evitar el recuerdo del caso Nisman, empujado al suicidio o asesinado cuando debía sustentar en el Congreso con argumentos creíbles su acusación contra la entonces presidenta Cristina Kirchner por el memorándum del acuerdo con Irán. Después de esa muerte se montó una campaña de desinformación y confusión tras la cual se esfumaron los contornos inverosímiles de la denuncia del fiscal y la opinión pública quedó sumida en una especie de incertidumbre viscosa. El perfil truculento del juez Bonadío lo torna en un blanco ideal para una maniobra confusionista de este tipo. Supongo que mi imaginación es febricitante y que casi con seguridad me equivoco, pero las miserabilidades de la política nacional dan para todo.

Por ahora, sin embargo, la obra puesta en escena está más próxima al sainete que a la tragedia. Que un fiscal conmine a sus testigos amenazándolos con la cárcel si no se “arrepienten” y dan  un testimonio útil para la acusación tengo entendido que es una práctica corriente en Estados Unidos, pero aquí, al menos para un lego como uno, el procedimiento resulta grosero y casi delictivo, pudiéndoselo encuadrar casi como un caso de extorsión. Además, ¿qué es eso de “arrepentirse” y salir en libertad? En las películas yanquis los tipos que hacen eso quedan detenidos u ocultos como testigos protegidos hasta que la causa haya culminado y el trato redunde en una reducción o condonación de la pena por el delito cometido. Aquí se van como Pancho por su casa  y además convierten su condición de transgresores de la ley en la de víctimas de una extorsión, pues han sido obligados a poner plata para conseguir la concesión de una obra pública. Cuando no reducen todo el problema a un “aporte de campaña”, que dejaría las cosas en el plano de la pura inocentada. Pero las repercusiones internacionales del caso –la caída de la cotización de los bonos argentinos en Wall Street y las recomendaciones de los órganos de prensa especializados desaconsejando las inversiones en el país- demuestran que el escándalo propiciado probablemente en un primer momento por el mismo gobierno, se ha salido de su cauce y se encuentra en vías de provocarle más problemas que beneficios.

Se vienen los drones

La turbiedad de la atmósfera política en el subcontinente se ha visto agravada por el atentado contra el presidente Maduro en Venezuela. Como a menudo sucede en los casos en que un magnicidio falla, los lenguaraces del sistema imperial deslizan que puede haberse tratado de un autoatentado. Nada hace suponerlo, sin embargo;  el acoso contra el gobierno bolivariano y la preeminencia que han cobrado, justamente, los manejos de los servicios de inteligencia en toda Suramérica, inducen a creer que el hecho está en la misma línea de la ofensiva regional contra lo que resta de la movida nacional-popular de la primera década de este siglo.

La utilización de drones con fines terroristas es una novedad anunciada.  Después del uso militar intensivo que los Estados Unidos y sus aliados les dieron en el medio oriente y en otras partes del mundo, su adopción por células terroristas integradas por civiles o mercenarios podía darse por descontada: era mera cuestión de tiempo. Ilustrando la bien conocida frase de Oscar Wilde en el sentido de que “la vida imita al arte”, se pueden recordar al menos un par de filmes asociables a esta variante del terrorismo que anticiparon los actos que se cometen en el presente. Uno es  “Black Sunday”, de John Frankenheimer, de 1977, donde se usaba un dirigible publicitario para intentar un terrible atentado en la final del Super Bowl, y otro es la serie “Marseille”, en la cual un joven francés de origen norafricano es manipulado para que  haga explotar un dron sobre un estadio de fútbol.

El atentado contra Maduro debería al menos servir para establecer regulaciones que controlen la circulación de esos artefactos en las ciudades y  en las proximidades de los aeropuertos, pero en lo referido a su utilización con fines delictivos su detección e intercepción siempre será difícil de efectuar. Como quiera que sea, el caso pone sobre el tapete la creciente ofensiva contra el gobierno de Venezuela y los riesgos de escalada militar entre ese país y la vecina Colombia, pues el jefe del estado venezolano no tardó nada en señalar al gobierno de Juan Manuel Santos como mano en la sombra del episodio. Con un toque de imprudencia, según nuestro modo de ver, pues en este tipo de problemas echar aceite sobre el fuego no puede sino redundar en la intensificación del incendio.

Para aumentar la confusión, en Brasil, donde Lula sigue preso y encara su probable proscripción como candidato a la presidencia, Jair Bolsonaro, el ultraderechista ex capitán del ejército que figura como probable triunfador en una elección si el líder laborista es imposibilitado de participar en ella, ha  requerido la ayuda de Steve Bannon, el estratega de la campaña que dio la victoria a Donald Trump en Estados Unidos. Bannon debería asesorar al candidato brasileño en su marcha hacia el palacio de Planalto.

El ascenso de Bolsonaro plantea algunos interrogantes. Más allá de las características repulsivas de su discurso –elogia la dictadura militar, defiende la tortura y la pena de muerte, ataca a los homosexuales, a los inmigrantes  y a los indios- su nacionalismo no deja de inquietar al establishment, que ve en este personaje a un individuo capaz de introducir un desorden que altere el estatus quo con el que tan cómodo se siente. En este sentido abundó también el diario The Economist, de Londres, que definió a Bolsonaro como una amenaza para la democracia. Bien, pero, nos preguntamos, ¿de qué democracia se trata, con Lula preso e impedido de competir en las elecciones?

Vivimos en un mundo resbaladizo donde los perfiles se difuminan. Vuelan por el aire antiguas categorías, los aventureros ocupan el lugar de los políticos y a los militares se los convierte en policías. En este orden cosas, ¿por qué habremos de sorprendernos cuando nos enteramos de que en la Escuela Militar de Aviación de Córdoba los pilotos aspirantes a cazadores –la élite de la fuerza- deben dejar de entrenarse en los aviones a reacción Pampa para pasar a formarse a bordo de los aviones a hélice Texan, que el gobierno acaba de comprar en Estados Unidos?  

Heine decía que éramos “criaturas del sueño de un dios borracho”. A veces parece cierto. 

 

 

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